La frase “La justicia es ciega” se remonta a la representación alegórica de la justicia como una mujer con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada. Esta imagen tiene raíces en la diosa romana Iustitia, quien simbolizaba la imparcialidad y la aplicación equitativa de la ley. Sin embargo, la representación de la justicia con los ojos vendados no se popularizó hasta el siglo XVI, cuando comenzó a usarse para enfatizar la idea de que la justicia debe aplicarse sin favoritismos ni influencias externas.

El pasado 1 de junio de 2025, México celebró su primera elección popular para renovar el Poder Judicial, haciendo que Iustitia se encaje su propia espada en un acto desesperado y lleno de desilusión. Un hito democrático, dicen algunos. Un experimento riesgoso, advierten otros. Atole con el dedo, dice este humilde caballo. Lo cierto es que este proceso ha abierto una caja de Pandora que podría redefinir la independencia judicial en el país. O retroceder… En efecto, el Poder Judicial necesitaba una reforma modernizadora, pero lo que hicieron el legislativo no fue modernizar: fue una reforma retrógrada en pro del absolutismo populista setentero que el Peje ha promovido disfrazándolo de Transformación desde hace varios años.

¿Se acuerdan como durante los gobiernos priistas de los años 70 y 80, el Poder Judicial operaba bajo una lógica de subordinación al Ejecutivo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación no era un contrapeso real, sino más bien un apéndice del gobierno en turno. Las decisiones judiciales rara vez contradecían los intereses del presidente, y los jueces eran seleccionados con base en su lealtad al régimen más que en su capacidad jurídica.

El modelo de control judicial priista se basaba en tres pilares:

1. Designación presidencial directa: Los ministros de la Suprema Corte eran nombrados por el presidente sin necesidad de aprobación legislativa significativa.
2. Dependencia presupuestaria: El Poder Judicial no tenía autonomía financiera, lo que limitaba su capacidad de actuar con independencia.
3. Falta de transparencia: Las decisiones judiciales eran opacas y generalmente alineadas con los intereses del partido en el poder.

Si bien el sistema actual no replica exactamente este modelo, la elección popular de jueces introduce un nuevo tipo de dependencia: la necesidad de hacer campaña y obtener respaldo político. En lugar de ser nombrados por el presidente, los jueces ahora deben convencer a los votantes, lo que los obliga a alinearse con narrativas políticas predominantes. Esto podría generar un Poder Judicial menos técnico y más populista, con decisiones basadas en la opinión pública más que en la interpretación constitucional.

La baja participación ciudadana—alrededor del 13%—revela que el interés por elegir jueces y magistrados no es comparable al de una elección presidencial. Es decir, al pueblo le valió gorro. Esto plantea una pregunta clave: ¿qué legitimidad tienen estos nuevos funcionarios si la mayoría del país no participó en su elección? Imagínense el relajo que el Peje hubiera armado si hubiera perdido alguna de las elecciones presidenciales con esta baja participación.

Más preocupante aún es el impacto en la autonomía judicial. La elección de jueces por voto popular introduce un nuevo factor en la ecuación: la necesidad de hacer campaña sin el “apoyo partidista”. ¿Cómo se financian estas campañas? ¿Quiénes respaldan a los candidatos? La posibilidad de que los jueces electos deban favores a grupos políticos o económicos es un riesgo latente. En lugar de garantizar imparcialidad, podríamos estar viendo el nacimiento de un Poder Judicial más susceptible a presiones externas.

Pero, por otro lado, si existiese ese financiamiento partidista como lo es para las elecciones del Poder Ejecutivo y/o Legislativo, entonces sin duda se perdería la imparcialidad del Poder Judicial, que había funcionado hasta hace poco (aunque no desde hace mucho) como un contrapeso en la vida política de este país.

Por otro lado, el proceso de votación fue un desafío logístico. Con hasta seis boletas federales y 13 en algunos estados, el sistema parecía diseñado para confundir al votante promedio. La complejidad del conteo—que se extenderá hasta el 10 de junio—solo refuerza la percepción de que esta elección fue más un experimento que un ejercicio democrático eficiente.

Además, la falta de información sobre los candidatos fue un problema grave. ¿Cuántos ciudadanos realmente conocían las trayectorias de los aspirantes? La mayoría de los votantes probablemente eligió nombres al azar o con base en afinidades políticas, o probablemente siguiendo instrucciones de algún movilizador, lo que socava la idea de un voto informado.

Bueno. Veamos los probables resultados. Con más del 90% de las actas computadas, los candidatos con mayor número de votos son:

El Ministro Indígena

Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, ha construido su carrera en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Su discurso se centra en la inclusión de comunidades indígenas en la toma de decisiones judiciales, lo que representa un cambio significativo en la composición de la Suprema Corte. Sin embargo, su cercanía con el gobierno de la 4T ha generado dudas fuertes sobre su independencia.

Aguilar ha defendido la necesidad de una justicia pluricultural, argumentando que los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos de los espacios de poder a pesar del legado de Don Benito Juárez. Su llegada a la Suprema Corte podría significar un avance en la representación de estos grupos, pero también plantea interrogantes sobre su capacidad para mantener una postura imparcial frente a las decisiones del Ejecutivo.

La Ministra del Pueblo

Lenia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres, exjefe de gobierno de la CDMX, ha sido una figura clave dentro de Morena. Su discurso se centra en la justicia social y la austeridad, alineándose con la narrativa de la 4T. Sin embargo, su cercanía con el oficialismo ha generado preocupaciones sobre su capacidad para actuar con independencia.

Batres ha defendido la necesidad de una Suprema Corte que responda a las necesidades del pueblo, argumentando que el sistema judicial ha sido históricamente elitista. Su llegada al máximo tribunal podría significar un cambio en la forma en que se interpretan las leyes, pero también plantea el riesgo de una mayor politización del Poder Judicial.

La Ministra Cuestionada

Yasmín Esquivel Mossa ha sido una figura polémica dentro de la Suprema Corte. Su cercanía con el expresidente López Obrador y su esposo, José María Riobóo, han generado dudas sobre su independencia. Además, su historial de plagio en su tesis ha sido un tema recurrente en los debates sobre su idoneidad para el cargo.

Esquivel ha defendido la necesidad de modernizar el sistema judicial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, su historial de decisiones ha sido cuestionado por su aparente alineación con el gobierno en turno. Su reelección podría consolidar una Suprema Corte más cercana al oficialismo, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la independencia judicial en México.

(¿Se dieron cuenta como alguna frase similar a “su cercanía a la 4T aplicó en los tres casos?)

La elección judicial tiene implicaciones profundas para el sistema de justicia mexicano:

1. Pérdida de Autonomía: La necesidad de hacer campaña y obtener votos introduce un elemento de dependencia política en el Poder Judicial. Los jueces podrían sentirse presionados a tomar decisiones que favorezcan a quienes los apoyaron en su elección, empezando y terminando con el Ejecutivo.
2. Desconfianza Empresarial: La incertidumbre sobre la independencia judicial podría afectar la inversión extranjera. Sin un sistema confiable para la resolución de disputas, las empresas podrían reconsiderar sus planes en México. La famosa “carrera judicial” se ha ido al caño, y si, para llegar a lo mas alto en cualquier profesión, se requiere experiencia y carrera. No podemos esperar confianza de parte de los empresarios si los elegidos para el Judicial no tienen una carrera judicial clara y eficiente y llegaron solo por un concurso de popularidad y narrativa.
3. Polarización Judicial: La fragmentación política dentro del Poder Judicial podría generar conflictos internos. Si los jueces electos tienen agendas políticas marcadas, las decisiones judiciales podrían reflejar más intereses partidistas que criterios jurídicos sólidos.
4. Precedente Internacional: México se convierte en el único país donde jueces y magistrados son elegidos por voto popular. Esto podría inspirar reformas similares en otros países, pero también generar críticas sobre la viabilidad de este modelo.

La elección judicial fue un experimento audaz, pero sus consecuencias aún son inciertas. ¿Es un avance democrático? Sí, en el sentido de que da voz a los ciudadanos. ¿Es un riesgo? También, porque compromete la independencia judicial.

México ha dado un paso hacia un modelo inédito, pero la pregunta sigue en el aire: ¿será un avance real o solo una nueva forma de control político? La respuesta dependerá de cómo estos jueces ejerzan su poder en los próximos años.

Si el país quiere que este modelo de elección judicial funcione sin comprometer la independencia del Poder Judicial, es necesario realizar ajustes dentro del marco regulatorio actual. Aquí algunas soluciones viables:

1. Sistema de Preselección con Evaluación Técnica: Antes de que los candidatos lleguen a la boleta electoral, se debe establecer un proceso de preselección basado en méritos y experiencia. Un comité independiente, compuesto por académicos, jueces retirados y expertos en derecho constitucional, podría evaluar a los aspirantes y garantizar que solo los más capacitados lleguen a la fase electoral. Y, por favor, ¡un número finito y razonable de candidatos para cada posición!
2. Campañas con Financiamiento Público y Regulación Estricta: Para evitar la influencia de grupos políticos o económicos, las campañas de los candidatos judiciales deben ser financiadas exclusivamente con recursos públicos, con límites estrictos en gastos y prohibición de donaciones privadas. Esto reduciría la posibilidad de que los jueces electos deban favores a actores externos.
3. Boletas con Información Clara y Accesible: En lugar de listas de nombres sin contexto, las boletas deben incluir un resumen de la trayectoria de cada candidato, sus principales propuestas y su experiencia en el ámbito judicial. Esto permitiría a los votantes tomar decisiones más informadas.
4. Debates Públicos: Los candidatos deben participar en debates organizados por universidades y medios independientes, donde se analicen sus posturas sobre temas clave del derecho constitucional y la impartición de justicia.
5. Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial: Para garantizar que los jueces electos no dependan del Ejecutivo, se debe fortalecer la autonomía financiera del Poder Judicial, asegurando que sus recursos sean asignados por un órgano independiente y no por el gobierno en turno. Si, que se audite el gasto, pero el Ejecutivo no debe tener influencia cavernícola sobre el presupuesto.
6. Participación Ciudadana en la Evaluación Post-Electoral: No basta con elegir jueces, también es necesario evaluar su desempeño. Se pueden establecer mecanismos de consulta ciudadana periódica para revisar la calidad de sus decisiones y su apego a la Constitución.

Estas medidas no eliminarían todos los riesgos, pero sí ayudarían a reducir la politización del Poder Judicial y a garantizar que los jueces sean elegidos con base en su capacidad y no en su narrativa. Si México quiere que esta reforma sea un verdadero avance democrático, debe perfeccionar el proceso y blindarlo contra los vicios que históricamente han afectado la impartición de justicia.

Recordemos siempre que la justicia no es un juego de poder ni una moneda de cambio electoral; debe ser un baluarte incorruptible, ajeno a intereses políticos y firme en su imparcialidad.