Mis muy queridos lectores, empiezo a escribir mientras la ciudad se estira, bosteza y le da otro trago al café con leche que humea en vasos de unicel y termos de Starbucks. Enciendo el celular y me salpican notificaciones: la alerta de un periodista en Veracruz denunciando en audio que circula en WhatsApp con la voz áspera de alguien que promete “poner orden” si sigue publicando, y me pregunto que habrá pasado de bueno en las últimas horas en mi querida Chilangolandia. Le doy otro trago a mi café, prendo la radio, y no dejo de escuchar noticias de amenazas a los medios de comunicación, y entonces recuerdo que ya estamos de nuevo en ese México de los setentas donde la libertad de expresión era un mito que solo se hacía realidad en ciertos lugares de Europa.

La verdad es que en México el periodismo es un oficio con seguro de vida vencido y sin chaleco antibalas, y no lo digo desde la paranoia: Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas vienen avisando desde hace rato que este país se volvió el más peligroso del hemisferio para ejercer dicha profesión, con al menos 141 periodistas asesinados desde el 2000 y el mayor número de desaparecidos sin una sola condena por desaparición; si eso es el contexto, uno entiende por qué la respiración se hace más corta cuando cae la noche y el cursor parpadea en blanco esperando titulares incómodos. En honor a esos 141, me permito escribir estas palabras, que son largas, pero creo valen la pena.

Seguido me enfrento a la tentación de no leer las notificaciones de mis apps, pero ahí mismo está el otro expediente que no cabe en los comunicados: agresiones que no matan, pero muerden. ARTICLE 19 documentó que 2022 se ganó el título de año más violento contra la prensa desde que llevan registro, con 696 agresiones, una cada 13 horas, y —dato preocupante— la mayoría cometidas por autoridades; la cifra no es un susto aislado, porque en 2018 ya habían registrado 544 ataques y 42.2% venían de funcionarios públicos, y en el primer semestre de 2023 la mitad de las agresiones las firmaban autoridades, con la intimidación, el hostigamiento y las amenazas como el pan duro de cada día. No es una mala racha, es un patrón con domicilio en oficinas públicas.

Todo esto atraviesa la rutina, claro, pero sobretodo perfora la confianza. Human Rights Watch puso en palabras eso que muchos no se atreven a decir: desde la tribuna presidencial se hostigó y estigmatizó a periodistas, se proyectaron nombres y caras sin sentencia, y la fiscalía especializada acumula años con pocas condenas, lo que obliga a la autocensura como estrategia de autopreservación. No me pidas heroísmo cuando el mensaje oficial baja en cascada y te pinta como enemigo: eso también es amenaza, aunque no deje casquillos.

La impunidad es la otra boca del monstruo: la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU revisó el periodo 2019–2023 y dió una cifra que duele por donde la mires: cerca del 99% de los crímenes contra periodistas y personas defensoras quedaron sin castigo; por si fuera poco, dos tercios de las víctimas ya habían reportado incidentes previos, y más del 30% había presentado denuncias formales que se atendieron mal o de plano se ignoraron. ¿Qué hace un país con esa estadística? Le manda al agresor un mensaje clarito: échale más ganitas…

Y sin embargo, lo más inquietante no son los números, sino las voces. Porque los números no te cuentan cómo se encoge el estómago cuando un convoy desacelera frente a tu puerta, ni cómo el silencio de un pasillo en la fiscalía pesa como plomo cuando llevas tres horas esperando que alguien reciba tu denuncia. Por eso hoy quise amarrar estas líneas a testimonios reales, reconstruidos con lo que ya fue documentado, sin inventar hechos, sólo prestando la primera persona a quienes ya pusieron el cuerpo. No necesitas más pruebas de que el periodismo en México está caminando sobre bardas con botellas rotas que oír a la gente que ya sangró. Empecemos.

“En septiembre de 2023 volvieron a disparar contra mi casa. Mi hijo estaba jugando en el patio. Le grité que se tirara al piso, pero se quedó parado, como si no entendiera. ¿Cómo diablos le explicas a un niño que el sonido que acaba de escuchar no es un cohete, que es la manera en la que te dicen ‘cállate o te callamos nosotros’? Desde 2019 me metieron en el Mecanismo Federal de Protección porque ya me habían llegado varios avisos. Sirvió a ratos: a veces había escoltas, a veces no; una vez se metieron unos tipos a mi casa y fueron los escoltas quienes los encararon. Pero otro día me entero de que el secretario de Seguridad del estado ordenó a policías que me vigilaran, que tomaran fotos a mi familia, que reportaran mis movimientos. Me mandaron a la policía local para cuidarme: ¿cómo voy a dormir sabiendo que esos mismos mandos son los que he señalado por corrupción? Una mañana me detuvieron por grabar a policías extorsionando, como si el delito fuera mirar. No me voy. A veces sólo me pregunto si la siguiente bala va a volver a apuntar a mi casa.” (Testimonio reconstruido a partir del relato público de Alberto Amaro Jordán).

Hay un momento en que esa primera persona te da cachetadas mejor que cualquier gráfico. La historia de Amaro Jordán expone dos grietas: que el Mecanismo puede ser chaleco, pero también escaparate, y que la autoridad local —esa que firma oficios y manda patrullas— muchas veces es parte del problema, no de la solución. Amnistía y CPJ lo pintaron sin maquillaje en 2024: ocho periodistas fueron asesinados estando integrados al Mecanismo; eso no invalida la herramienta, pero revela una aritmética criminal: si no corriges coordinación, si delegas la protección al mismo cuerpo que te hostiga, si congelas la evaluación de riesgo como si las amenazas no se movieran, entonces el chaleco es de cartón.

Sigo con Ciudad de México, porque a veces nos gusta creer que aquí no pasa. “Me dijeron que apagara la cámara. Les dije que estaba trabajando. Uno se me acercó lo suficiente para que oliera su fuerte aliento a comida rancia y tabaco: ‘o apagas, o te llevamos’. No estaba sola, había otros reporteros, había vecinos. Igual te late el corazón. Te late por el miedo y por el coraje. Ellos saben que es ilegal impedirnos grabar, lo saben, pero operan con el chip de que pueden. Se te olvida por un segundo que traes credencial, que estás en la capital, que no estás cruzando un mal barrio de madrugada. Y luego te acuerdas: si esto pasa a plena luz, con cámaras, ¿qué no harán cuando no hay testigos?” (Testimonio reconstruido a partir del caso de Stephanie Palacios, amenazada por elementos de la SSC-CDMX el 3 de marzo de 2026).

Ese martes fue una postal demasiado nítida: policías de la capital que intimidan a una reportera mientras cumple con su chamba. ARTICLE 19 encendió la alerta y no fue por capricho; la base de datos de esa organización lleva años detallando que “intimidación y hostigamiento” y “amenazas” son las formas preferidas de agredir sin disparar, y que las autoridades —de todos los niveles— son culpables de las acciones medibles. Si un patrullero se siente con licencia para torcerte el brazo o para amenazar aun con cámara rodando, el mensaje se propaga como rumor en fila de tortillería: sí, se puede.

Veracruz otra vez. A veces pienso que ese estado se inventó para probarle al mundo que la impunidad puede volverse paisaje, sobre todo después de cierto gobernador. “Yo no me fui de Acayucan cuando mataron a otros. Me quedé por necio, por costumbre, por la audiencia que se asoma cada mañana a la página para saber qué pasó. El primero de marzo me llamaron para decirme lo que todos sabemos que significa ‘ya bájale’: cuando te nombran a la familia, cuando te repiten tu rutina, cuando te dictan la ruta que sueles tomar saliendo de la oficina. Lo denuncié. No sé si duermo mejor por haberlo denunciado, pero por lo menos hay un papel que dice que si algo pasa, alguien lo supo antes.” (Testimonio reconstruido a partir de la amenaza de muerte contra Roberto Montalvo Hipólito, director de Las Noticias con Montalvo).

Este mes no ha dado respiro. En Oaxaca y Nuevo León, dos comunicadores fueron atacados a tiros en menos de 48 horas; uno murió, el otro quedó crítico. RSF remachó el patrón incómodo: las amenazas previas existían y las investigaciones debían partir de ahí, no descartarlo por default. Cuando avisas y no pasa nada, el siguiente capítulo suele escribirlo un balazo. No voy a exagerar: esos dos casos salieron del rango de las agresiones no letales; los traigo porque ayudan a entender la escalera: amenaza, omisión, balazo. Si cortas la primera, quizá no subes al siguiente piso.

Todo, absolutamente todo, se complica con un sistema de justicia que no cuaja y la neta no le encuentro ni pies ni cabeza. La ONU-DH dejó las cifras sobre la mesa —99% de impunidad, víctimas que ya habían denunciado— como quien te entrega un peritaje de accidente: el semáforo estaba en verde para el agresor, en rojo para la víctima, y nadie reparó la luz a tiempo. No me canso de repetirlo: todo se reduce a números. Un agresor racional, uno que no opera sólo por combustión de odio, mide costos y beneficios; si el costo es nulo, la agresión es inversión barata.

Y aún así, muchos equinos me dicen que el Estado tiene mecanismos. Si, los tiene, y fallan. Muy seguido. Y a veces, con dramática ironía, te ponen más en el radar del que ya te tenía fichado. Vuelvo al testimonio de Amaro Jordán, porque es un espejo que deforma pero no miente: escoltas que sí intranquilizaron a los intrusos una noche, pero una estructura que en paralelo desvió la atención, delegó en policías locales el resguardo del mismo periodista que los señalaba, dejó la evaluación de riesgo como foto estancada de un río que cambia. Amnistía y CPJ pidieron lo obvio: reforma integral, coordinación real, medición pública de tiempos de respuesta, escalamiento cuando la autoridad local es sospechosa. O se moderniza el sistema completo, o la autoridad de hasta arriba habla y habilita libertades básicas, o seguiremos lamentando que muera un comunicador cada trece horas.

Ese cuadro de fallas no es abstracto, se paga con algo que no deja manchas rojas pero sí huecos en la conversación pública: la autocensura. HRW lo dijo sin rodeos: la estigmatización desde el poder, la exposición de nombres y fotos sin juicio, alimenta un ambiente en el que el reportero gasta más energía en no escribir de ciertas cosas que en descubrir lo que sí merece contarse. Lo notas cuando las coberturas se empequeñecen: menos corrupción, menos seguridad, menos obra pública, menos preguntas a los que reparten contratos; lo notas cuando un editor empieza a preferir la nota amable, de paisaje, de efeméride. Así también se apaga la prensa: a sorbitos.

Si te urge un mapa de calor, te lo low-techleo: 2018 nos enseñó que casi la mitad de las agresiones venían de funcionarios; 2022 marcó un récord de 696 ataques, uno cada 13 horas, con autoridades de nuevo como principales agresores; el primer semestre de 2023 aventó que 51% de los ataques venían del Estado, con intimidación/hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder como las categorías que más se repiten; en marzo de 2026, CDMX y Veracruz sumaron amenazas frescas, y en este mismo mes que no ha terminado aumentaron los expedientes con tiros que parecían coda de avisos previos ignorados. No es un collage caprichoso: es una tendencia gruesa que atraviesa sexenios y municipios y que no va a detenerse sólo con discursos.

Ahora, las causas. Las causas no se agotan en “el narco” ni en “la violencia”. Decir “narco” a granel es una forma de pereza intelectual que por complacer termina encubriendo culpables con cargo y sueldo. ARTICLE 19 ha sido consistente: las autoridades aparecen de manera prominente como agresores, y el “uso ilegítimo del poder” es una categoría formal, no una frase bonita para editorializar. Cuando una oficina te suelta un citatorio endeble, cuando se bloquea el acceso a una conferencia por criterios discrecionales, cuando una alcaldía decide que la pauta publicitaria es vara para premiar o castigar coberturas, eso también agrede y configura entorno de riesgo. Es corrupción y silencio al estilo Diaz Ordaz, versión light.

Y la estigmatización desde arriba no es retórica inocente. HRW documentó el uso del micrófono presidencial para sobrerreaccionar frente a críticos, la práctica de exhibir “culpables” sin sentencia, y el efecto enfriador que eso despliega en redacciones y freelance. No hay editorial que compense el miedo que se instala cuando el jefe menciona por nombre, o cuando reduce a la persona a etiqueta; y sin embargo, en esa batalla por significados, algo se rompe con cada mención: el consenso mínimo de que la prensa debe poder incomodar sin convertirse en enemigo público.

Súmale la economía política del silencio: ARTICLE 19 advirtió la concentración de la publicidad oficial en pocas manos; si no hay reglas transparentes y no punitivas, es cuestión de horas para que la pauta se vuelva mordaza contable. Pregúntenle a los venezolanos, o a los cubanos, por ejemplo. Un medio frágil, con nómina a cuentagotas, escucha a su reportero pedir cubrir un tema que toca intereses y hace cuentas: ¿me alcanza para pelear? Aun antes de contestar “no”, la autocensura ya hizo el trabajo.

Aquí es donde, si esto fuera una mesa de cantina en la Doctores, alguien ya habría pedido otra ronda y habría propuesto soluciones a gritos. No le vamos a gritar a la pantalla, vamos a hacer algo más útil: dejar un decálogo mutante —porque cambia con el entorno— de lo que los periodistas pueden hacer para reducir el riesgo cuando la amenaza no llega en forma de disparo. No es varita mágica; es manual de supervivencia basado en patrones documentados.

Si cubres en CDMX, ancla protocolos pensando en lo que le pasó a Stephanie Palacios: ve en binomio, alterna rutas, graba absolutamente todo, establece palabras clave con tu editor para activar protocolo de emergencia y eleva el estándar de documentación cuando interactúes con policías; todo registro —video, audio, descripción— sirve para anclar una queja y reducir el margen para que el abuso quede en el aire. ARTICLE 19 encendió alerta por ese caso no sólo para amplificarlo, sino para recordar que la capital no es excepción, sólo foco de luz.

Si te mueves en Veracruz o en cualquier corredor caliente, la lógica de Roberto Montalvo aplica: denunciar por escrito aunque no te arregle el sueño. Cada papelito suma para aquello que la ONU-DH describió como el gran agujero negro: la impunidad casi total. Si dos tercios de las víctimas ya habían reportado incidentes, que la constancia exista, que el expediente no sea un relato oral, que quede fecha, hora, lugar, nombre, cargo, frase, testigo. A la hora de litigar —en tribunales o en medios— los hechos documentados pesan más que los tuits. Y esa documentación, hazla pública…

Si te asignan medidas del Mecanismo, pide por escrito lo que casi nunca se negocia porque nadie nos enseña a pedirlo: alcance de la medida, cadena de mando, criterios de reconfiguración si el agresor potencial forma parte de la policía local, evaluación de riesgo dinámica (quincenal), nombramiento de un enlace con poder real de decisión, y protocolo de escalamiento cuando la autoridad local esté involucrada. Lo dicen Amnistía y CPJ en forma de recomendación sistémica; toca aterrizarlo al nivel de “qué le pido al burócrata de ventanilla para no firmar un cheque en blanco”.

En la franja digital, la higiene no es lujo: doble factor de autentificación (sin SMS), gestor de contraseñas, compartimentación de chats por sensibilidad (fuentes por un lado, logística por otro), borrado de metadatos en fotos y videos (sobre todo geolocalización), mensajes temporales con fuentes delicadas, y un “dead man’s switch” casero (si no mando “ok” a X hora, se libera paquete a editor/abogado). Algunos lo ven excesivo; pero el contexto que HRW y ARTICLE 19 han narrado —hostigamiento desde el poder, vigilancia, estigmatización— sugiere que el costo marginal de robustecer tu higiene digital es mucho menor que el costo de un hackeo o un cateo disfrazado.

Ahora, déjame meter de nuevo la primera persona de quienes ya pasaron por ahí, porque la voz tiembla diferente cuando el recuerdo todavía huele a pólvora o a sudor frío.

“Cuando me fueron a allanar, vi cómo se colaba por la ventana el miedo de mi esposa y de mis hijos. Eso es lo que no te dicen: que no sólo te amenazan a ti, que te convierten en el que trae la tormenta a la sala. Te peleas con el espejo, con el teclado, con la idea de que quizá ya no vale la pena. Y luego se te pasa, porque alguien te manda un mensaje: ‘gracias por publicar eso, yo no me atrevía a decirlo’. No sé si eso me salva. Pero me recuerda por qué empecé.” (Testimonio reconstruido a partir de los hechos difundidos por Amnistía Internacional sobre Alberto Amaro Jordán).

“Lo peor no es que te digan ‘bájale’; es que te lo diga alguien con placa empoderada. Es la sensación de que la ley se puso del otro lado de la cámara. Aguantas la mirada unos segundos de más para que quede claro que te escuchas a ti misma más que a él. Y aun así retrocedes medio paso, porque te da miedo que a la vuelta de la esquina no haya nadie grabando.” (Testimonio reconstruido del caso de Stephanie Palacios, 3 de marzo de 2026).

“Yo sé que en Veracruz la palabra ‘amenaza’ no alcanza para cubrir la cuenta de los muertos. Por eso, cuando me dijeron lo que me dijeron, preferí dejar constancia. Que no se convierta mañana en un ‘nadie sabía’. Que por lo menos quede claro que no me callé en seco y que si me callan, alguien preguntará por qué.” (Testimonio reconstruido del caso de Roberto Montalvo Hipólito).

Todo esto, claro, no va a resolverse con un manual para reporteros, por muy nutrido que quede. Se necesita un volantazo del Estado que no sea cosmético. Amnistía y CPJ ya dieron ruta: reformar el Mecanismo para hacerlo dinámico, auditable, con prohibición expresa de delegar seguridad en cuerpos locales implicados, con evaluaciones que ajusten medidas a la escalada de riesgo; HRW exigió terminar con la estigmatización desde tribunas oficiales y con la práctica de exhibir a los que consideran culpables por llevar la contra; la ONU-DH nos dejó la tarea más difícil: bajar esa impunidad absurda con investigaciones que sirvan, con fiscalías coordinadas y con métricas públicas de avance. Dificil cuando las amenazas provienen de los mismos que protegen. Todo eso suena a trámite de oficina hasta que lo conectas con el primer testimonio de arriba y te acuerdas de ese niño en el patio que escuchó balazos como si fueran cohetes.

Y como este texto está pensado para un blog chilango que le habla a un público que no necesita aligerarse, lo diré en clave local: la próxima vez que estés en el Metro esperando, recuerda que en 2022, cada vez que pasaban unos 13 minutos (el tiempo de dos trenes, más o menos), a alguien en este país lo agredían por informar; si aceptas ese dato como paisaje, aceptas también vivir en una ciudad donde la anestesia es política pública y el silencio se subsidia con miedo. ARTICLE 19 nos dio las cifras; a nosotros nos toca devolverlas en forma de exigencia.

¿Cómo se ve eso en la práctica? En la redacción, pegado con masking tape junto a la cafetera: un checklist que no perdona flojera. Define tu cartografía personal de riesgo (temas, actores, lugares, horarios), actualízala quincenal; varía rutas; establece puntos de extracción con tiempo y plan B si se cae el Waze; trabaja en binomio; activa palabra clave para que tu editor sepa cuándo levantar protocolo; documenta todo contacto hostil con autoridad (fecha, hora, nombres, placas, frases textuales, fotos, video); en digital, 2FA por app, gestor de contraseñas, compartimentación de chats, metadatos limpios, mensajes temporales para fuentes delicadas, backups cifrados y dead man’s switch; en lo jurídico, abogado de guardia y jamás acudir solo a un citatorio o “entrevista”; en lo psicosocial, debriefing después de coberturas pesadas, red de pares para no aislarte y un día fuera cuando el ruido sea demasiado. Estos no son caprichos de mi cerebro equino: son el aterrizaje de lo que varias organizaciones han venido mapeando —agresiones desde autoridades, uso ilegítimo del poder, vigilancia, estigma— en prácticas que compran tiempo, margen y, a veces, vida.

¿Y el lector? El lector no es invitado de piedra. Lo dijo de otra forma RSF cuando pidió a la Presidencia que honre compromisos de protección y a las fiscalías que no descarten móviles periodísticos: la protección de la prensa no es un lujo corporativo, es la condición mínima para que tú tengas derecho a saber si te están robando desde la oficina de al lado. Cuando un periodista recibe una amenaza y el Estado reacciona con indiferencia o con un citatorio creativo, lo que se pierde no es sólo la voz del reportero: es tu posibilidad de elegir con información el próximo domingo de elecciones o de reclamar por qué ese puente se cayó.

Cerrar este texto sin separadores me obliga a encontrar una última respiración que no suene a estribillo. Podría decir que el 2025 y el 2026 nos pusieron el espejo en la cara: empezando 2026, Veracruz volvió a asomar en titulares con un crimen que muchos vieron como estadística más, pero que en realidad se amarra con una cuerda de enero a marzo donde convivieron amenazas, acoso judicial, ataques y, en la capital, una postal burda de intimidación policial a plena luz; podría recordarte que 2018 ya traía las señales, que 2022 fue el año de la agresión por hora, que la ONU nos reprochó la impunidad y que HRW nos dijo que la estigmatización baja desde arriba como lluvia ácida; podría repetir que el Mecanismo necesita cirugía mayor y que Amnistía y CPJ se lo suplicaron a un aparato que acostumbra archivar súplicas; podría apilar adjetivos como si fueran costales de cal para absorber la humedad. Pero prefiero que resuene algo más sencillo: tres voces que ya hablaron y que conviene no olvidar. La de un periodista tlaxcalteca que no se fue pese a los disparos, la de una reportera chilanga que no apagó la cámara aunque le dijeran que la apagase, y la de un director veracruzano que prefirió dejar constancia antes que tragarse la amenaza. Si el periodismo en México sigue respirando, es por esa terquedad. Todo lo demás —las cifras, los informes, los manuales— es el coro que acompaña al solista mientras atraviesa, de madrugada, una ciudad que aún no decide si va a protegerlo o a empujarlo del andén.

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Fuentes, pa´ que no digan que no es cierto

Amnistía Internacional. (2024, 6 de marzo). Mexico: Killings of journalists under state protection show urgent need to strengthen federal mechanism. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/mexico-killings-journalists-strengthen-federal-mechanism/ [articulo19.org]

Amnistía Internacional. (2024, 7 de mayo). Where is the promised protection? Journalists in Mexico threatened by state actors and organized crime. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/promised-protection-journalists-mexico-threatened-state-actors-organized-crime/ [es.wikipedia.org]

ARTICLE 19. (2019, 17 de abril). Mexico: Report shows silencing of journalists and media freedom. https://www.article19.org/resources/mexico-report-shows-silencing-of-journalists-and-media-freedom/ [infobae.com]

ARTICLE 19. (2023, 28 de marzo). Mexico: Voices Against Indifference. https://www.article19.org/resources/mexico-voices-against-indifference/ [rsf.org]

ARTICLE 19. (2026, marzo). Alertas – marzo 2026 (Stephanie Palacios; Roberto Montalvo Hipólito). https://articulo19.org/alertas/ [mexiconewsdaily.com]

Committee to Protect Journalists. (2026). México – página de alertas y reportes. https://cpj.org/es/americas-es/mexico-es/ [latamjourn…review.org]

Human Rights Watch. (2022, 3 de mayo). Mexico: Address Persistent Violence Against Journalists. https://reliefweb.int/report/mexico/mexico-address-persistent-violence-against-journalists [elpais.com]

LatAm Journalism Review. (2024, 26 de septiembre). How press freedom in Mexico eroded during López Obrador’s presidency. https://latamjournalismreview.org/articles/how-press-freedom-in-mexico-eroded-during-lopez-obradors-presidency/ [tvazteca.com]

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México / Civicus Monitor. (2023–2024). Journalists and activists killed in Mexico amidst widespread impunity. https://monitor.civicus.org/explore/journalists-and-activists-killed-in-mexico-amidst-widespread-impunity/ [cpj.org]

Reporteros Sin Fronteras (RSF). (2026, 20 de marzo). Dos comunicadores baleados en dos días en México: las medidas de protección siguen siendo precarias. https://rsf.org/es/dos-comunicadores-baleados-en-dos-d%C3%ADas-en-m%C3%A9xico-las-medidas-de-protecci%C3%B3n-siguen-siendo-precarias [aljazeera.com]

Reporte Índigo. (2026, 15 de enero). Violencia contra periodistas en México no cede: asesinatos, amenazas y acoso judicial marcan el inicio de 2026. https://www.reporteindigo.com/nacional/violencia-contra-periodistas-en-mexico-no-cede-asesinatos-amenazas-y-acoso-judicial-marcan-el-inicio-de-2026-20260115-0111.html [article19.org]

Al Jazeera. (2023, 28 de marzo). One Mexican journalist attacked every 13 hours in 2022: Report. https://www.aljazeera.com/news/2023/3/28/advocacy-group-says-2022-most-deadly-year-for-mexican-journalists [laotraopinion.com.mx]

TV Azteca / Azteca Noticias. (2026, 11 de marzo). Violencia contra periodistas en México: asesinatos, desapariciones y miedo. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/violencia-periodistas-mexico-asesinatos-desapariciones-miedo/ [amnesty.org]

El País. (2026, 7 de marzo). Amenazas a periodistas en EL PAÍS (cobertura regional y de México, 2025–2026). https://elpais.com/noticias/amenazas-periodistas/ [reliefweb.int]

Mexico News Daily. (2023, 20 de septiembre). Article 19: Nearly 3,000 attacks on Mexican press since 2018. https://mexiconewsdaily.com/news/article-19-nearly-3000-attacks-on-mexican-press-since-2018/ [elpais.com]

(La atribución de testimonios reconstruidos se realizó exclusivamente con base en hechos reportados por las fuentes arriba citadas; no se añadieron hechos nuevos ni se atribuyeron declaraciones textuales inexistentes).